Imagina este escenario: se está juzgando a una persona que todo indica que es inocente, pero la mayoría de la gente cree que es culpable. Si el juez tiene que reelegirse por voto popular, ¿no crees que sentiría presión por emitir una sentencia que complazca a la mayoría en lugar de ser justa? Esto podría llevar a que las decisiones judiciales no estén basadas en la ley, sino en lo que sea popular en ese momento. Y eso es peligrosísimo porque los jueces están ahí precisamente para proteger nuestros derechos, incluso cuando la mayoría no está de acuerdo.

Otro punto súper alarmante es que, aunque la reforma dice que no se permitirán campañas publicitarias para elegir a estos jueces, sabemos que esto es algo difícil de controlar. La gente con poder económico podría financiar campañas para que ciertos jueces lleguen al poder, y entonces esos jueces quedarían endeudados con quienes los financiaron. Y aquí es donde todo se vuelve más turbio. ¿Qué pasa si grupos con intereses peligrosos, como el narcotráfico, financian las campañas de estos jueces? ¿Qué independencia pueden tener si deben su puesto a intereses externos?

Lo peor es que no solo se trata de elegir a jueces y magistrados, también estamos hablando de los ministros de la Suprema Corte. Serían más de 1600 puestos que estarían en juego, y lo que plantea la reforma es que por cada uno de estos puestos se van a proponer 10 perfiles. O sea, la cantidad de personas y perfiles involucrados sería impresionante, y ni siquiera seríamos realmente nosotros quienes elijamos directamente, sino que habrá todo un proceso de nominaciones que involucrará al Ejecutivo, al Congreso, y en última instancia, será el voto popular el que decida.

Y aquí va otro problema: si los partidos políticos controlan la mayoría en el Congreso, como ocurre con Morena en este momento, tienen más poder para decidir quiénes serán los jueces y magistrados. Esto es peligroso porque el Poder Judicial debería ser completamente apartidista. No debería estar influenciado por ningún partido político, ya que su función es garantizar que la ley se cumpla para todos, sin importar quién está en el poder. Si los jueces están alineados con un partido, sus decisiones podrían beneficiar a ese partido en lugar de proteger a los ciudadanos.

Además, hay un riesgo muy grande de que el sistema de contrapesos entre los tres poderes de gobierno (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) se rompa. El Poder Judicial es uno de los principales controles que tenemos para evitar que los otros dos poderes abusen de su autoridad. Si el Poder Judicial queda capturado por intereses políticos, ¿quién va a protegernos de los abusos del poder?

Amiga, sé que todo esto puede sonar muy complicado, pero al final se trata de algo súper sencillo: el Poder Judicial debe ser independiente para que pueda defender nuestros derechos sin influencias externas. Si permitimos que se politice este proceso, corremos el riesgo de perder una de las pocas instituciones que nos garantizan justicia. Espero que estas reformas se analicen con mucho cuidado porque, de lo contrario, podríamos enfrentarnos a un sistema en el que la justicia ya no es ciega, sino que responde a quien tiene más poder o dinero.